“Tengo que reconocer que quedé muy, muy mal impresionado. Quedé adolorido, casi que con rabia, al ver la cantidad de bosque tropical que ha sido destruido por esta minería criminal”, dijo Santos.
De acuerdo con el jefe de Estado, no se puede permitir que se destruyan los bosques y por eso ordenó la creación de la Brigada y reforzar la acción contra esta actividad ilegal que deja en lo que va del año 328 operaciones.
En todo caso, el anuncio sorprende dado que en octubre pasado empezó a operar la Brigada contra la Minería Ilegal, liderada por las carteras de Defensa, Minas y Ambiente, a fin de enfrentar directamente el flagelo, con 500 uniformados y apoyo de Carabineros de la Policía y el CTI de la Fiscalía.
La Brigada está al mando del coronel Federico Mejía Torres, quien asumió el reto asegurando que el trabajo interinstitucional permite no solo llegar las mismas y capturar personas sino hace run plan para reforestar las zonas. No obstante, sin mayores pormenores sobre los avances de esta Brigada, el presidente solicitó una nueva solo para el Chocó.
A esto se suma que está en estructuración en la Policía Nacional una Dirección Contra la Minería que anunció el general Jorge Nieto cuando se posesionó como director de la Institución.
Defensoría había alertado de crisis
Desde el año 2014, la Defensoría del Pueblo alertó de las condiciones humanitarias en el Chocó provocada por la minería ilegal así como por los enfrentamientos entre el Eln y la bacrim del Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas en la cuenca del Alto Baudó.
Según la entidad, el uso del mercurio preocup a la población por contaminar las fuentes de agua y afectar la salud de los habitantes, afectando al menos ocho ríos: Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua.
De acuerdo con la comunidad, la situación humanitaria provocada por la minería ilegal por el uso de materiales tóxicos también se habría generado por mecanismos de extracción de origen legal. Esto habría afectado el agua que se consume al punto de supuestamente provocar mal muerte de 27 menores indígenas.
El caso está en manos de la Corte Constitucional que estudia una tutela que presentó el Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna', en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó, entre otros.
De acuerdo con sus denuncias, la extracción minera y la explotación forestal ha afectado igualmente la supervivencia de los peces y el desarrollo de la agricultura en la región. Por este caso, la Corte hizo una inspección judicial a comienzos de año, pero el caso todavía está en manos del magistrado Jorge Iván Palacio.
Datos
La Fiscalía General de la Nación abrió más de 6.500 investigaciones sobre minería ilegal en 2015. De estos procesos, 512 son por extracción ilícita de oro, 124 por carbón, 200 por canteras, 13 por coltán, uno por mercurio, otro por uranio y 123 por otros recursos.
Según datos de las autoridades, este negocio se encuentra en constante crecimiento y solo en la explotación de oro mueve alrededor de 45.000 millones de pesos mensuales, mientras que en uranio la fuerza pública ha incautado retroexcavadoras, bienes y dinero por valor de 11.500 millones de pesos.
Publicado originalmente en vanguardia.com
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