Entre las medidas, imponer multas de 5 días del salarios mínimo legales vigentes, al vendedor ambulante, y/o comerciante propietario de los objetos y /o mobiliarios, incautados que estén ocupando el espacio público. De igual manera, los comerciantes formales, inscritos en Cámara de Comercio que ofrezcan sus bienes y servicios en los andenes o espacios públicos sin previa autorización de la Secretaría de Gobierno, se les decomisará la mercancía expuesta en el espacio público y se le sancionará con multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales.
Si la venta de bienes y servicios que se incaute a los comerciantes inscritos en Cámara y Comercio, corresponde a actividades que no estén autorizadas en su respectivo Registro mercantil, la multa será de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales.
Esto ha generado choques entre autoridades y venteros ambulantes y ha dividido las opiniones entre los que defienden el derecho al trabajo y entre quienes defienden el despeje de los andenes y vías de la ciudad.
Para hacer cumplir lo decretado por el alcalde, el día de hoy uniformados de la policía y el ESMAD se enfrentaron a los vendedores ambulantes la con intención de hacer valer la orden impartida por el alcalde Isaias Chalá, lo que ocasionó disturbios por el uso de los gases de la fuerza publica.
El caso de Quibdó se suma a lo que pasa también en Pereira y Barranquilla que se adelantan operativos contra el comercio informal.
El control del espacio publico se ha vuelto en una problemática en todo el país y que el gobierno no ha logrado una solución definitiva, las alternativas planteadas en algunos casos no han sido bien recibidas por los venteros.
En ciudades capitales como Medellin, Cali y Bogotá recientemente los mandatarios locales han tenido que verse en la obligación de enfrentar a las personas que buscan a través de las ventas en las calles ganarse la vida, “respóndame la pregunta, ¿por qué manda a atropellar a los vendedores de tinto?” le gritó una mujer al alcalde de Bogota Enrique Peñalosa el mes pasado cuando recorría los lugares que intentaban desalojar.
Estas y otras situaciones pone el tema sobre la mesa y extiende el debate sobre que debe primar, ¿la defensa del espacio publico o el derecho al trabajo?
Unos de los retos del alcalde de Quibdó será diseñar una estrategia que le permita a estas personas continuar sus labores que les permite conseguir algunos ingresos en lugares adecuados.
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