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Existe la creencia de que el Chocó es un departamento olvidado por todos los gobiernos; sin embargo, cuando se evidencia la cantidad de recursos que recibe, se concluye lo contrario.
Chocó es el cuarto departamento que recibe mas recursos per cápita del Sistema General de Participaciones, representado en más de 1.5 millones por habitante. Desafortunadamente, esto no se refleja en crecimiento económico, erradicación de la pobreza, cobertura educativa y de salud; y reducción de la mortalidad infantil.
El nivel de pobreza es del 60%, siendo el único departamento de Colombia en el que la pobreza extrema creció entre 2002 y 2019; pasando de 30 a 35%.
¿A dónde se van los recursos? Fácil, a los bolsillos de los corruptos del departamento.
La historia de corrupción e ineficiencia en el Chocó viene de vieja data. La impunidad es altísima; basta recorrer el “Barrio del Estado”, sector bautizado así por las mansiones lujosas de políticos, funcionarios y exfuncionarios con procesos penales y disciplinarios, disfrutando de la platica de los contribuyentes como si nada.
La representación chocoana en el Congreso es indignante. Recordemos a los representantes del partido liberal Jorge Tadeo Lozano, condenado por peculado y Nilton Córdoba, investigado por el cartel de la toga.
Miembros de familias poderosas como el exrepresentante Odín Sánchez Montes de Oca, del partido de la U, fue condenado por vínculos con paramilitares y el gobernador Patrocinio Sánchez ha enfrentado múltiples procesos judiciales.
El excongresista Edgar Ulises Torres, de Cambio Radical, fue condenado por parapolítica; y su sobrino, Wiston Leonel Torres, “el abogado del diablo”, está preso por multimillonarias estafas a la educación y la salud. Su fortuna está avaluada en 26 mil millones de pesos.
Otro personaje nefasto es el excontralor departamental Carlos Murillo, reconocido por sus millonarios aportes a las campañas políticas a cambio de participación en el gabinete. Su esposa fue Secretaria de Salud durante la administración del gobernador Efrén Palacios investigado por presuntas irregularidades en contrataciones de este sector.
Hoy, su sobrino Carlos Tirso Murillo está al frente de esa secretaría y la Procuraduría le abrió investigación por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.
Recientemente fue suspendido el gobernador Ariel Palacios por presuntas irregularidades en la contratación de los recursos del COVID-19, situación que no sorprendió; ya van doce gobernadores en los últimos 10 años.
Y como estos personajes malditos, también centenares de concejales, diputados, agiotistas, funcionarios, ex contralores y procuradores departamentales; y contratistas han saqueado sin vergüenza y sin compasión al Chocó.
¿Dónde están los entes de control regionales? ¡Eliminemos estas entidades corruptas! ¿Cuándo actuará la justicia en contra de Efrén Palacios, Carlos Murillo y compañía?
¿Dónde están los presidentes de los partidos políticos que permitieron avalar a todos estos bandidos? ¡Respondan! Ustedes son responsables.
¿Para qué más recursos si todo se lo roban?
¡Llegó la hora de intervenir al Chocó!
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